13/06/201705:00:06

El túnel del tiempo

Alberto Aziz Nassif Alberto Aziz

Alberto Aziz

13/06/201705:00:06

Hemos regresado a las elecciones conflictivas, como hace 30 años. De nuevo hay coaliciones opositoras plurales que denuncian fraude

Una hipótesis del actual conflicto es que después de la derrota electoral de 2016, el gobierno federal decidió regresar al partido fraudulento y hacer elecciones de Estado, tanto en el Estado de México, como en Coahuila.
Durante muchos años convivimos con procesos electorales fraudulentos en donde la voluntad popular era sistemáticamente violentada. Urnas rellenas, carruseles de votantes y decenas de trampas que se ejecutaban en cada elección. A medida que la competencia creció, los operativos fraudulentos aumentaron de tamaño y su dimensión se volvió intolerable para una parte importante de la sociedad. En los años ochenta había una definición que caracterizaba al régimen político: un partido de Estado, que pasó de hegemónico a dominante y algunos lo caracterizaron como “casi único”. El Estado ponía sus recursos a disposición del PRI para ganar en las urnas. Este vicio generaba una inequidad completa. Por eso, con la ilusión de tener elecciones libres, la transición a la democracia se asentó sobre un objetivo fundamental: el voto libre, para lo cual era necesario garantizar equidad en la contienda. Lo que vimos el pasado 4 de junio fue exactamente un rompimiento de la equidad, un regreso en el tiempo del partido tramposo, el PRI, que violentó la voluntad popular y cometió fraude a los ciudadanos más pobres del país.
Para garantizar la equidad se hizo necesario contar con una autoridad electoral independiente que tomara sus decisiones de forma autónoma del gobierno y de los actores sociales. No se hizo el IFE y el INE sólo para organizar las mesas de casilla. Para lograrlo tuvo que salir el gobierno de la organización de los comicios. Para tener equidad se construyó un sistema competitivo de partidos con mecanismos de financiamiento público preponderantes y con acceso a los medios, primero mediante la compra de tiempos y después con los tiempos del Estado. Se pensó que con ese financiamiento quedaría fuera de la contienda el uso partidista de los recursos públicos. Con estos cambios se logró tener certeza en los procedimientos e incertidumbre en los resultados. Hoy esa lógica que acompañó la transición se ha quebrado.
En 2017 la equidad saltó en pedazos por los aires y se hizo añicos. El gabinete entero se puso al servicio del partido, ni siquiera lo disimularon. Si para Peña Nieto la corrupción es parte de la cultura política, es muy probable que piense que la relación facciosa entre PRI y gobierno, también es parte de la cultura nacional.
Muchas semanas antes del 4 de junio fue visible el tráfico de recursos públicos y los operativos para la compra del voto en el Estado de México. Si al inicio de la campaña la amenaza para el PRI era una alianza entre PAN y PRD, muy pronto fue superada. Pero, no se midió que el hartazgo por la corrupción y los pésimos resultados de los gobiernos priístas en esa entidad se canalizarían hacia Morena y la maestra Delfina. Cuando el partidazo se dio cuenta del éxito morenista tuvo que redoblar sus recursos ilegales violentar más el voto de la pobreza (compra, coacción, amenazas, chantajes). Pero, como eso no fue suficiente, porque había peligro real de perder la plaza, entonces se puso en operación la estrategia de ganar al costo que fuera (guerra sucia) y hacer una elección de Estado con mayúsculas.
El fracaso de la transición democrática se debe, en parte, al rompimiento de la equidad, a una autoridad mediocre que ha sido capturada, al regreso del vínculo entre partido y gobierno, al abuso de los recursos públicos del gobierno federal y estatal para favorecer a su partido, a sistemas de información que no generan certeza en los resultados. Hemos regresado a las elecciones conflictivas, como hace 30 años. De nuevo hay coaliciones opositoras plurales —como la de Coahuila— que denuncian fraude, se organizan para la defensa del voto y piden la anulación de los comicios. Mientras tanto el INE dice —tibiamente— que ellos cumplieron y organizaron las mesas de casilla y que serán “implacables” en la fiscalización. ¿Usted les cree?
Con una autoridad que no responde a la demanda de certeza y no garantiza la equidad, se profundizará el grave retroceso democrático que presagia un 2018 explosivo…