06/10/201705:00:23

Octubre de miserias

José Alberto del Rivero

06/10/201705:00:23

Mis estimados lectores, iniciamos este viernes con los remanentes de las locuras de nuestros vecinos, y cuando digo de locuras, ya se pueden imaginar que estoy hablando de Las Vegas, de la actitud o comportamiento pueril de Trump en su visita que realizó al estado asociado de Puerto Rico, en donde se comportó de manera indignante con la población puertorriqueña afectada por el huracán María. Pero ese no es el tema que quiero comentarles esta semana, sino como decía al inicio, es de los remanentes históricos del 2 de octubre de 1968.
Como bien saben ustedes, amables lectores, el presidente de México era Gustavo Díaz Ordaz, fue un sexenio en donde me tocó vivir el inicio de la Guerra Fría, la firma de dos Pactos Internacionales de las Naciones Unidas, uno relativo a los Derechos Civiles y Políticos y otro sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), así como la firma de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocido como “Pacto de San José” (1969).
Me quiero enfocar exclusivamente en el Pacto Internacional de los derechos Civiles y Políticos, al cual ustedes se preguntarán por qué nunca hemos leído en los medios de comunicación o en las redes sociales ¿cómo es posible que México haya firmado este tratado internacional de derechos humanos civiles y políticos y se haya cometido genocidios y desapariciones forzadas de miles de mexicanos?
A través del tiempo y con el conocimiento que uno va adquiriendo, ya sea por los años o por mis estudios, he llegado a razonar lo siguiente, pero antes de darles a conocer mi argumento, permítanme hacer un espacio y aclarar que no tengo el afán de entrar en protagonismo absolutamente con nadie.
Pero deseo compartirles que, como todo joven de esa época, me considero un gran activista en nuestro reclamo que hacíamos al gobierno, sobre todo porque trabajé directamente con don Carlos A. Madrazo. Algunos de ustedes recordarán que visité universidades para buscar simpatizantes al movimiento democrático de este ilustre político. Sin embargo, fuimos traicionados. Personalmente, lo más lamentable fue que muchos de estos traidores fueron protegidos —mi señor padre era Jefe de la Policía en Tabasco—, pero quiero decirles que fui detenido y encarcelado. Esa es la anécdota. Ese es el recuerdo.
Ahora bien, es momento de darles a conocer mi argumento jurídico. No obstante que México se adhirió al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), no tenía una garantía que sancionara al Estado Mexicano por ese incumplimiento.
Paralelamente a los acontecimientos en nuestro país durante los últimos años de la década de los sesenta, varias naciones tuvieron una crisis de Estado similar a la nuestra. Sin embargo, me queda claro que se pretendió dar un golpe de Estado en contra del presidente Díaz Ordaz. En ese entonces corrió el rumor de que nuestros vecinos norteamericanos estaban fomentado este movimiento por conducto del General Corona del Rosal. Independiente de que sea cierto o no, los acontecimientos en América fueron inquietantes y ahí tenemos en Chile y Argentina un reflejo de lo que se estaba viviendo en México. Tengo la plena certeza de que si se hubiese creado la garantía y México se adhiriera a ella, como sucedió años más tarde en 1981, la crisis de 1968 jamás de los jamases habría acontecido. Eso es en cuanto a las libertades civiles.
Por su parte, el movimiento de los derechos políticos que se da a finales de los años setenta, concretamente con la pluralidad de los partidos políticos, esas reformas habrían sido en torno al andamiaje del Protocolo Facultativo del PIDCP, al que el Estado Mexicano se adhiere hasta el año 2002. Nos habríamos evitado varias fechas ignominiosas de nuestro México, entre ellas el 2 de octubre de 1968, el Halconazo en 1971, habríamos librado el surgimiento de grupos guerrilleros y secuestros de personajes políticos.
Mis generosos lectores, recuerdo todo esto porque se está repitiendo esta crisis, pero ahora en el campo social y cultural, que es para mi modesta opinión, más peligrosa que la civil y política de los años sesenta y setenta, debido a la ausencia de la garantía del Protocolo Facultativo de Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales al que México no se ha adherido. Luego entonces, se está fermentando un desequilibrio social y cultural que repercute en nuestras universidades, por mencionar tan solo ese campo, y una desigualdad en el núcleo familiar en todos los aspectos.
Lo más lamentable es que al día de hoy, ningún partido político y ya no quiero decir aspirantes a puestos de elección popular, se hayan pronunciado para proponer la adopción de esta garantía internacional que pondría orden en el Estado mexicano, pues se detendría el despilfarro que hacen los actores políticos en cuanto a los programas sociales y culturales, que hasta ahora han sido una bandera política y de dádivas de la partidocracia indignas para el pueblo de México.