30/09/201705:00:09

De la emergencia a la reconstrucción y prevención

Jorge A. Chávez Presa -

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30/09/201705:00:09

Este mes de septiembre de 2017 no lo olvidaremos. Será Septiembre Negro. La naturaleza nos muestra que ella manda; no avisa cuando desatará su furia. Nuestra obligación es estar preparados y ser prudentes, antes y después de estos eventos. La responsabilidad la tienen los gobiernos y sus ciudadanos para evitar muertes. En sus manos está imponer los códigos más estrictos posibles para la construcción, más cuando hay zonas más propensas que otras a sufrir consecuencias de no hacerlo. Para cubrir los daños materiales lo ideal es tener una cultura del seguro.
A lo largo del territorio nacional millones de mexicanos han sido afectados por fenómenos hidrometeorológicos y sísmicos. Desde Baja California Sur hasta Chiapas, pasando por Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y ahora Querétaro y Nuevo León, el agua y los movimientos de los sismos se han llevado vidas y han destruido o dañado severamente viviendas, escuelas, hospitales, edificios de oficinas, comercio, infraestructura urbana y de carreteras. Ahora la tarea es lograr que todas las personas y las comunidades afectadas vuelvan a sus vidas normales.
Estos eventos catastróficos agarran al gobierno federal mejor preparado, pues dispone del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y de un seguro para riesgos catastróficos contratado a través de un bono emitido por el Banco Mundial. Este bono es hasta por 360 millones de dólares (md), con “cobertura de 150 md para sismos, así como 100 y 110 md para huracanes que impacten las costas de los océanos Atlántico y Pacífico, respectivamente” (5.º Informe de Gobierno de EPN, https://goo.gl/KTmtBo). También la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas (artículo 14) obliga a los gobiernos estatales, municipales y CDMX a crear fondos para la atención de desastres naturales a partir de los ingresos excedentes. En octubre de 2015 la CDMX creó el Fideicomiso del Fondo para Estabilizar los Recursos Presupuestales que cubre desastres naturales. A junio de 2017 tenía un saldo de 9.4 mil millones de pesos (mmp) (https://goo.gl/8yLYJ9).
A quienes sí sorprenden estos eventos no deseados es a la población más vulnerable que no accede a la seguridad social ni a los seguros contra daños. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros estima que en México sólo 18 millones de personas (menos de 10% de la población) están cubiertos por algún seguro privado. Sólo 8.6% de las viviendas de un total de 32 millones cuentan con alguna cobertura.
La solidaridad no sólo se ha hecho ver con miles de jóvenes que se han volcado a las calles como voluntarios, también instituciones privadas se han sumado ofreciendo a través de fundaciones y fideicomisos duplicar el monto de los donativos recibidos. Las compañías de telefonía celular fueron muy oportunas; en contraste, las tiendas de autoservicio tardaron en mostrar su apoyo.
Es una tarea de todos contribuir a la reconstrucción, pero a quien le corresponde llevar el liderazgo es a las instituciones gubernamentales. Es una de sus razones de existir. Se han ido construyendo a lo largo del tiempo, más como reacción que como anticipación a eventos. Ahora hemos experimentado en carne propia que necesitamos organizarnos mejor para el acopio y distribución de despensas con alimentos, ropa, materiales de construcción, etcétera. Qué bueno que hayan proliferado centros de acopio, pero la distribución y su logística requieren de una mejor organización. Ahora hemos visto que los departamentos de bomberos necesitan estar mejor equipados; su atención no es sólo para combatir el fuego, se requiere también para el rescate en casos de derrumbe. CDMX está creciendo verticalmente. En el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001, los bomberos y los policías neoyorkinos destacaron como los grandes héroes. Necesitamos intensificar la cultura del voluntariado, organizados alrededor de departamentos de bomberos y hospitales. Ahora se abre nuevamente la oportunidad para reorganizar el servicio militar. Su ley data del 11 de septiembre de 1940, con una reforma mínima en junio de 2017. Su espíritu y motivación deben ser distintos al de la Segunda Guerra Mundial.
Insisto, el desarrollo de los países se muestra por su capacidad de organización y por disponer de capacidades institucionales que resuelven y evitan problemas, como también para hacer frente a peligros. Prevenir es mejor que reconstruir. Esto se hace más evidente tomando en cuenta que en 15 años, desde 2002 a junio de 2017, el gobierno federal ha erogado con cargo al Fonden casi 316 mmp, 1.4% del PIB, esto es más de 20 mmp por año. Ahora están dadas las condiciones para organizarnos en concretar un país más incluyente, más próspero, más justo y más equitativo. El pequeño reto: tener la clase política a la altura de las circunstancias.