07/08/201705:00:04

Asamblea Nacional Prostituyente

José Crespo -

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07/08/201705:00:04

¿Qué tan legítima es la Asamblea Constituyente? Si bien cuando una ley es considerada por la mayoría como injusta, ésta pierde legitimidad

La polarización en Venezuela apunta a una confrontación mayor. Cada bloque sataniza al contrario e interpreta la realidad a su entera conveniencia. No parece haber ya (si alguna vez lo hubo) un lenguaje común a partir del cual pueda surgir un diálogo sensato y, menos aún, un acuerdo civilizado. Ambos acusan al contrario de golpistas, terroristas o traidores al pueblo y la patria. ¿Qué tan legítima es la Asamblea Constituyente y todo lo que de ella emane? Muchos aseguran que la legitimidad se deriva en automático de la legalidad. No siempre es así, pues cuando una ley es considerada por la mayoría como injusta, arbitraria o impuesta unilateralmente, pierde legitimidad.
En el caso de Venezuela surge la pregunta: ¿cómo pudo convocarse legalmente a una Asamblea Constituyente con facultades plenipotenciarias, cuando el Congreso vigente no dio su aval? En una democracia, una nueva Constitución exige el más amplio consenso posible. Si la oposición venezolana se opuso a dicha Asamblea, ¿con qué base legal surge ésta? Pues resulta que la Constitución (la de Chávez, hay que recordar), en su artículo 348, faculta al Presidente a convocarla sin necesidad del aval de ninguna otra institución o fuerza política.
Lo lógico es que se exigiera el voto de la mayoría calificada del Congreso y hasta un refrendo popular para dicha convocatoria, y no sólo el capricho del presidente en turno. En ninguna democracia que se precie de serlo existe una disposición semejante. Y dado que no hay acuerdo con los opositores, estos rechazan la iniciativa, no participando en dicha elección, por lo que la nueva Asamblea estará formada sólo por miembros del partido oficialista y aliados (en tanto el Congreso vigente seguramente será disuelto). Un principio fundamental democrático es que un solo partido no pueda modificar la Constitución. Lo de Venezuela es una aberración democrática.
Ni siquiera Hitler tenía una facultad semejante (bajo la Constitución de Weimar); el parlamento alemán hubo de votar por mayoría su propia disolución para que se concentrase el poder en el Führer.
La Constitución venezolana prevé que todo cambio constitucional debe ser aprobado por la mayoría calificada de la Asamblea (Maduro tendrá el 100 % de la nueva) y después someterse a refrendo ciudadano, ganando la posición que obtenga más votos (así sea por uno solo). Ha dicho Maduro que cumplirá ese requisito; nueva oportunidad para la oposición de echar abajo la nueva Constitución, pero habrá nuevos incentivos para falsear la elección, dado que el órgano electoral está controlado por Maduro.
La compañía Smartmatic, encargada de suministrar la tecnología electoral de urna electrónica, detectó y denunció la manipulación de la participación por parte del órgano electoral. Para determinar el grado de votos inventados, se requeriría “una auditoría extensa del sistema de recuento” (una especie de “voto por voto”), que evidentemente Maduro no concederá (sin que la izquierda mexicana chiste al respecto).
En México numerosos grupos, líderes y plumas de la izquierda, tanto de Morena como del PRD (con excepciones honrosas) se pronuncian en apoyo de Maduro y su imposición. Pero me gustaría ver cuál sería su reacción si Peña Nieto, a partir de una cláusula constitucional (si la hubiera, que no es el caso), convocara por sí mismo un Congreso Constituyente plenipotenciario que pudiera ampliarle poderes a Peña y garantizarle su reelección indefinida, y que la oposición (mayoritaria en el Congreso) rechazara dicha arbitrariedad, no participando en el proceso, por lo cual el nuevo Constituyente estaría formado en 100 % PRI-PVEM. Y que, acto seguido, se disolviera el Congreso actual y se silenciara a los críticos. Y que Peña advirtiera a sus opositores que “Terminarán algunos en una celda y otros en un psiquiátrico”.
¿No acaso llamarían a eso un golpe dictatorial? ¿No pedirían que sus gobiernos amigos condenaran dicha imposición (empezando por Cuba, Venezuela, Nicaragua y Corea del Norte)? Lo harían. Pero eso mismo lo avalan tratándose de un gobierno de izquierda. Cero congruencia democrática.