Independentistas de Cataluña, en prisión

El Universal
03/11/201701:00:38

Nueve ex integrantes del gobierno catalán, que proclamó la independencia el 27 de octubre, fueron encarcelados este jueves de forma preventiva por el tribunal que juzga si cometieron delitos de rebelión, sedición y malversación. La juez también anunció una orden de detención contra el ex presidente Carles Puigdemont, quien permanecería en Bélgica. Este jueves habían […]

Nueve ex integrantes del gobierno catalán, que proclamó la independencia el 27 de octubre, fueron encarcelados este jueves de forma preventiva por el tribunal que juzga si cometieron delitos de rebelión, sedición y malversación. La juez también anunció una orden de detención contra el ex presidente Carles Puigdemont, quien permanecería en Bélgica.

Este jueves habían sido llamados a testificar en la Audiencia Nacional los 14 representantes del Gobierno catalán que fueron cesados por el presidente español Mariano Rajoy por violar la ley y decretar la secesión.

Ante la negativa a comparecer de cinco de ellos —Carles Puigdemont, Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serre—, quienes se trasladaron a Bélgica y pidieron declarar desde allí porque en España podrían no recibir “un juicio justo”, la juez Carmen Lamela dictó una orden europea de detención. Este procedimiento, equivalente a una extradición dentro de la Unión Europea, implica que Puigdemont podrá retrasar al menos 60 días su comparecencia ante los tribunales de Madrid.

Los nueve ex consejeros que permanecieron en España viajaron a Madrid para declarar. La juez decidió que, ante la posibilidad de que destruyeran pruebas o se dieran a la fuga, ocho de ellos debían ingresar en prisión incondicional de forma preventiva. Se trata del antiguo vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y de los ex consejeros Jordi Turull, Raul Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Joaquim Forn y Carles Mundó.

Para un noveno ex consejero, Santi Vila, se decretó prisión eludible a cambio de una fianza de 50 mil euros, pero éste afirmó que “por solidaridad” no los había pagado y entró en prisión hasta que lo haga.

Poco después de las seis de la tarde española, todos ellos salieron en furgones de la Guardia Civil camino a cárceles de los alrededores de Madrid.

La juez resaltó como uno de los argumentos para dictar la prisión preventiva “el hecho de que algunos de los querellados se hayan desplazado a otro país eludiendo las responsabilidades penales”, en referencia a la huida de Puigdemont a Bélgica.

La reacción del líder catalán fue por Twitter: “El legítimo gobierno de Cataluña, encarcelados por sus ideas y haber sido leales al mandato aprobado por el Parlament catalán”, escribió.

El movimiento independentista se había enfriado en los últimos días, después de que la proclamación de la república no hubiese tenido efectos prácticos, pero los encarcelamientos de ayer volvieron a desatar protestas en varias ciudades catalanas al grito de “Puigdemont, president” y se teme una nueva ola de manifestaciones como las vividas tras la represión policial en el referéndum del 1 de octubre.

Uno de los ex consejeros encarcelados, Josep Turull, dejó un mensaje en Twitter pidiendo: “Por favor, dediquen sus energías a defender pacíficamente la democracia y la libertad de Cataluña”.

La Asamblea Nacional Catalana (una de las principales asociaciones civiles independentistas, y cuyo líder también está en prisión preventiva) respondió convocando las primeras manifestaciones en Barcelona. El Ayuntamiento de la ciudad colgó en su fachada una bandera con el lema “Libertad Presos Políticos”.

Desde que comenzó el conflicto catalán, cada una de las intervenciones judiciales ha contribuido a tensar el ambiente social. Los independentistas aseguran que la Justicia se está comportando como el brazo vengativo del Estado; mientras, los defensores de una solución pactada a la disputa entre Madrid y Barcelona consideran que la judicialización es el resultado de la pasividad del Gobierno español, que no ha querido adelantarse a resolver el problema mediante negociación política; y por último, el Gobierno y el sector más duro de la política madrileña consideran que los jueces sólo están aplicando la ley.

La situación es todavía más compleja por la proximidad de las elecciones catalanas, convocadas para el 21 de diciembre. Si los ex consejeros son procesados por rebelión, no pueden presentarse como candidatos. La incertidumbre dificultará cerrar las listas electorales. Y la sensación de agravio amenaza con enrarecer la campaña.

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