IP local y nacional acceden entre 1 y 3% de licitaciones petroleras

Luis E Mendez
18/05/201701:00:55

La falta de especialización hace difícil que alcancen el 25% que la ley indica

Debido a la falta de alta especialización, las empresas locales y nacionales sólo acceden a entre 1 y 3 por ciento del total de contenido nacional al que están obligadas las compañías transnacionales o Petróleos Mexicanos; informó Servio Subiaur Artiachi, presidente del Instituto de la Industria del Petróleo (Inipetrol).
Refirió que por ley las empresas transnacionales o que se adjudiquen licitaciones de las rondas petroleras deben realizar por lo menos 25 por ciento de sus compras y adquisiciones a compañías mexicanas o locales.
Sin embargo –lamentó- las empresas locales o nacionales únicamente acceden a entre 1 y 3 por ciento debido precisamente a la falta de alta especialización.
“Es que muchas de las empresas no son precisamente especialistas; por ejemplo una empresa que provee agua (al sector petrolero) no es especializada”, explicó.
Por eso –insistió- “en la situación actual las empresas locales y mexicanas sería muy difícil que lleguen a ese 25 por ciento… llegamos a entre 1 y 3 por ciento”.
“La participación es mínima porque no tenemos las empresas de alta especialidad”, insistió.
Es necesario –abundó- crear empresas de alta especialidad para poder incrementar la participación y cubrir el contenido nacional de 25%.
Y es que –insistió- las compañías mexicanas o locales proveen sólo de algunos insumos, pero no servicios de alta especialidad que es “donde está la inversión”.
Por otra parte Subiaur Artiachi indicó que los problemas sociales derivados de la actividad petrolera no podrán “desaparecer” y siempre existirán.
Opinó que esos reclamos son, “hasta cierto punto”, válidos debido a que los beneficios económicos de la producción de hidrocarburos que ha tenido Tabasco no han permeado a la población.
Por eso –externó- ahora con la participación directa de compañías petroleras en la exploración y explotación de hidrocarburos se deben buscar mecanismos para que los beneficios lleguen realmente a los ciudadanos y evitar, así, ese tipo de reclamos o conflictos.